La expresión “tercer mundo” es, según parece, reciente, y aún más, el término “globalización”. Sin embargo, ambos fenómenos son ya antiguos, relativamente. Al menos en lo que se refiere al subdesarrollo social, económico y político, aprovechado por las grandes empresas de los países del “primer mundo”. Sobre todo por las de los Estados Unidos de América, que ejerció (y ejerce aún) una enorme presión sobre los países de centro y sudamérica, con tal de favorecer la avaricia de sus multinacionales a pesar de la pobreza extrema de algunas de esas naciones. En aquellos tiempos esquilmaban los recursos agrícolas y naturales dejando unos beneficios mínimos en los países donde se establecían. Ahora, lo último, es sacar partido principalmente de la mano de obra en regiones donde prácticamente el trabajo se regala y aprovechando una legislación ambiental más permisiva para contaminar impunemente. Pero continúan extrayendo, por ejemplo, el petróleo de países paupérrimos, enriqueciendo a los caciques correspondientes y manteniendo en la miseria al resto de la población, e incluso se llega a invadir países como Irak con este mismo fin. Se aprovechan de las escasas estructuras sociales, políticas o jurídicas en su beneficio sin más objetivo que el de su ambición sin límite.
En el caso de la Mina de Aguablanca, de los propietarios norteamericanos de la empresa explotadora, de los políticos de Extremadura (y también estatales) e incluso de los jueces, no podemos sino ver un fenómeno idéntico al que estamos describiendo; unos administradores que permiten y promueven por ignorancia o irresponsabilidad (esperamos que sea por esto y no por razones más oscuras) que esquilmen nuestros recursos, y que favorecen, rayando en la prevaricación, a la empresa explotadora; la cual, por su parte, está únicamente interesada en su beneficio económico, sin importarle el daño que produce. Una justicia lenta que parece ser cómplice de la política de hechos consumados que practica la empresa. Y, por último, a unos ciudadanos absolutamente desprotegidos de la ignorancia de los primeros y de la avaricia de la segunda.
En el caso de la Mina de Aguablanca, de los propietarios norteamericanos de la empresa explotadora, de los políticos de Extremadura (y también estatales) e incluso de los jueces, no podemos sino ver un fenómeno idéntico al que estamos describiendo; unos administradores que permiten y promueven por ignorancia o irresponsabilidad (esperamos que sea por esto y no por razones más oscuras) que esquilmen nuestros recursos, y que favorecen, rayando en la prevaricación, a la empresa explotadora; la cual, por su parte, está únicamente interesada en su beneficio económico, sin importarle el daño que produce. Una justicia lenta que parece ser cómplice de la política de hechos consumados que practica la empresa. Y, por último, a unos ciudadanos absolutamente desprotegidos de la ignorancia de los primeros y de la avaricia de la segunda.
balsa de aguas construida ilegalmente y usadas sin concesión en Aguablanca
Algunos ejemplos recientes para complementar nuestras afirmaciones de lo que sucede en aquellas dehesas heridas: La empresa Río Narcea Goldmines ha destrozado ya más de 150 has. de dehesa, y han enviado las primeras 20.000 tn. de niquel a China después de funcionar durante dos años sin tener siquiera Licencia de Obra, ni para el enganche eléctrico, ni para el uso de agua,... . Incluso ha habido recientemente una sentencia judicial declarando a favor del ayuntamiento en ese sentido. Sin embargo los tribunales y resto de autoridades no parecen ver nada, ni querer actuar, para detener estas ilegalidades, permitiendo la continuación de los trabajos pese a todas las autorizaciones de que carece esta empresa ¿no hubiera sido lógico haber detenido preventivamente las obras hasta no concederse una licencia definitiva y el resto de permisos? ¿no se protegían mejor los derechos de los ciudadanos así, ya que estaban viendo como una empresa extranjera se saltaba las leyes, cuando con ellos no se permite un mínimo desliz en este sentido? ¿No observan los jueces y la fiscalía delitos? ¿ Qué pasaría si finalmente se determina que alguna de estas autorizaciones no se debe o puede conceder? ¿Quién repondrá el daño causado y cómo?Ahora, hemos sabido que el ayuntamiento ha accedido a conceder la licencia a cambio de una Licencia de Obra de 2,8 millones de euros con la que el ayuntamiento desea sufragar una residencia de ancianos y un depósito de agua potable... pero ¿qué tipo de chanchullos son éstos?, ¿podría algún ciudadano pagar la licencia de obra de su vivienda regateando su cuantía con el ayuntamiento? ¿en qué país vivimos? Sin duda en una de aquellas repúblicas bananeras de las que hablábamos al principio. A lo mejor habría que recordar al ayuntamiento que los tributos no pueden estar destinados con carácter previo a ningún fin determinado (principio de no afectación específica).
Ahora, además, se encuentra en información pública una concesión que enmascara de forma escandalosa un trasvase de agua desde el Embalse de Tentudía -Cuenca del Guadiana- para la mina, en la Cuenca del Guadalquivir, cuando ya están siendo utilizadas las aguas de esta última cuenca, según nuestras informaciones sin autorización. En este proyecto se aprecian a primera vista carencias que de nuevo deberían de avergonzarnos. En un mísero estudio de impacto ambiental de quince páginas, ni siquiera se trata el asunto de los enormes déficits de agua de esta región, ni se analiza las variaciones estacionales de embalse en el pantano de Tentudía, ni por supuesto otros daños más graves como la posible contaminación genética o biológica entre distintas cuencas hidrográficas.
Es necesario luchar entre todos para acabar con esta política de hechos consumados contra la naturaleza que vulneran nuestros derechos fundamentales y están dañando de forma irreparable el medio ambiente extremeño y andaluz en este caso.
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