lunes, 15 de agosto de 2005

La Junta de Extremadura incumple la ley en la carretera de Villar del Rey - Aliseda

Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente el incumplimiento de la legislación ambiental con el incumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental que se está produciendo en las obras de acondicionamiento de la carretera EX - 326, que une las localidades de Villar del Rey y Aliseda, dentro de la ZEPA Sierra de San Pedro, con un alto valor ecológico reconocido.
Entre las obligaciones incumplidas están:
Los pasos de fauna instalados no son los establecidos en la DIA referida, si bien externamente los pasos parecen cumplir las medidas, denuncian que cuando se observa que por debajo de la carretera son embudos por debajo de la carretera, siendo inútiles para el paso de la fauna a que supuestamente están destinados.

Paso de fauna

En la DIA se señala: “se ejecutarán medidas necesarias para conseguir la integración paisajística de la obra”, esto no es en absoluto de esta forma, pues la actuación se ha realizado con el arranque de muchos árboles centenarios de forma innecesaria, creando un grave impacto visual, muchos de sus restos han sido quemados en las cunetas con un enorme riesgo de producir un incendio de nefastas consecuencias.
Tampoco son respetados los muros de piedra entre parcelas de las fincas, que supone una perdida de nuestro patrimonio cultural y natural, al ser refugio de una importante cantidad de fauna y muestra de un patrimonio cultural e histórico de los modos de vida y costumbres populares, y que en el DIA se señala: “Se repondrán las paredes de piedra que sean derribadas”.

Encina talada innecesariamente
Carretera Aliseda

En la DIA se señala: La zona de afección se reducirá al máximo para procurar cortar el menor número de árboles posible, realizando la ampliación por una sola margen... En cualquier caso, en un principio, sólo se cortarán los estrictamente afectados respetando los que estén fuera de la plataforma. Una vez terminada la carretera se valorará la necesidad de su corta” Existe un claro incumplimiento de esta medida correctora, puesto que se amplía a ambos márgenes de la antigua carretera, y en un ancho que sobrepasa con creces el redactado en la DIA “El proyecto se centra en el acondicionamiento de la carretera actual, ampliando la calzada a 6 m y 1 m de arcén”, pues se ha medida anchuras que van desde 17-18.5 metros a 26-27 metros, habiéndose cortado todos los árboles que este desmesurado ancho, que no va a ser ocupado por la carretera.
En la DIA se señala un calendario de trabajo, estando lugares próximos a nidos de Buitre Negro (Aegypius monachus) permitido trabajar a partir del 31 de julio, cuando la fenología de este especie muestra una estancia en nido por parte del pollo hasta septiembre, amén que las obras se desarrollan a menos de 300 metros de uno de los nidos, contraviniendo la Orden de 6 de Junio de 2005 sobre el Plan de Conservación del Hábitat del Buitre Negro en Extremadura, en la que se señala: “El entorno inmediato de cualquier nido de la especie que haya sido ocupado al menos en una ocasión durante los últimos cinco años. Se define éste como el área circular, centrada en dicho nido, de un diámetro que se establecerá en razón de las circunstancias específicas de cada nido, no siendo nunca inferior a 500 m.” En estas áreas denominadas especial de Hábitat crítico, se consideran esenciales para la supervivencia y recuperación de la especie, y se requiere medidas especiales de protección que no están contempladas en las actuaciones de las obras de la carretera que se denuncia.
Por todo lo anterior Ecologistas en Acción exige que la Junta de Extremadura cumpla las normativas establecidas y que paralice de inmediato las obras, que están siendo realizadas de forma ilegal al no respetar la DIA, haciéndose un estudio para adecuar la obra a la normativa vigente, aplicando todas las medidas correctoras que figuran en la Declaración de Impacto Ambiental aprobada para esta obra. Además han pedido se depuren las responsabilidades existentes por acción u omisión ante estos hechos que se vienen repitiendo en muchos puntos de la región y exigen un seguimiento mayor del cumplimiento de las medidas correctoras en las obras públicas.

domingo, 14 de agosto de 2005

Aguablanca: Extremadura y el tercer mundo

La expresión “tercer mundo” es, según parece, reciente, y aún más, el término “globalización”. Sin embargo, ambos fenómenos son ya antiguos, relativamente. Al menos en lo que se refiere al subdesarrollo social, económico y político, aprovechado por las grandes empresas de los países del “primer mundo”. Sobre todo por las de los Estados Unidos de América, que ejerció (y ejerce aún) una enorme presión sobre los países de centro y sudamérica, con tal de favorecer la avaricia de sus multinacionales a pesar de la pobreza extrema de algunas de esas naciones. En aquellos tiempos esquilmaban los recursos agrícolas y naturales dejando unos beneficios mínimos en los países donde se establecían. Ahora, lo último, es sacar partido principalmente de la mano de obra en regiones donde prácticamente el trabajo se regala y aprovechando una legislación ambiental más permisiva para contaminar impunemente. Pero continúan extrayendo, por ejemplo, el petróleo de países paupérrimos, enriqueciendo a los caciques correspondientes y manteniendo en la miseria al resto de la población, e incluso se llega a invadir países como Irak con este mismo fin. Se aprovechan de las escasas estructuras sociales, políticas o jurídicas en su beneficio sin más objetivo que el de su ambición sin límite.
En el caso de la Mina de Aguablanca, de los propietarios norteamericanos de la empresa explotadora, de los políticos de Extremadura (y también estatales) e incluso de los jueces, no podemos sino ver un fenómeno idéntico al que estamos describiendo; unos administradores que permiten y promueven por ignorancia o irresponsabilidad (esperamos que sea por esto y no por razones más oscuras) que esquilmen nuestros recursos, y que favorecen, rayando en la prevaricación, a la empresa explotadora; la cual, por su parte, está únicamente interesada en su beneficio económico, sin importarle el daño que produce. Una justicia lenta que parece ser cómplice de la política de hechos consumados que practica la empresa. Y, por último, a unos ciudadanos absolutamente desprotegidos de la ignorancia de los primeros y de la avaricia de la segunda.

balsa de aguas construida ilegalmente y usadas sin concesión en Aguablanca

Algunos ejemplos recientes para complementar nuestras afirmaciones de lo que sucede en aquellas dehesas heridas: La empresa Río Narcea Goldmines ha destrozado ya más de 150 has. de dehesa, y han enviado las primeras 20.000 tn. de niquel a China después de funcionar durante dos años sin tener siquiera Licencia de Obra, ni para el enganche eléctrico, ni para el uso de agua,... . Incluso ha habido recientemente una sentencia judicial declarando a favor del ayuntamiento en ese sentido. Sin embargo los tribunales y resto de autoridades no parecen ver nada, ni querer actuar, para detener estas ilegalidades, permitiendo la continuación de los trabajos pese a todas las autorizaciones de que carece esta empresa ¿no hubiera sido lógico haber detenido preventivamente las obras hasta no concederse una licencia definitiva y el resto de permisos? ¿no se protegían mejor los derechos de los ciudadanos así, ya que estaban viendo como una empresa extranjera se saltaba las leyes, cuando con ellos no se permite un mínimo desliz en este sentido? ¿No observan los jueces y la fiscalía delitos? ¿ Qué pasaría si finalmente se determina que alguna de estas autorizaciones no se debe o puede conceder? ¿Quién repondrá el daño causado y cómo?
Ahora, hemos sabido que el ayuntamiento ha accedido a conceder la licencia a cambio de una Licencia de Obra de 2,8 millones de euros con la que el ayuntamiento desea sufragar una residencia de ancianos y un depósito de agua potable... pero ¿qué tipo de chanchullos son éstos?, ¿podría algún ciudadano pagar la licencia de obra de su vivienda regateando su cuantía con el ayuntamiento? ¿en qué país vivimos? Sin duda en una de aquellas repúblicas bananeras de las que hablábamos al principio. A lo mejor habría que recordar al ayuntamiento que los tributos no pueden estar destinados con carácter previo a ningún fin determinado (principio de no afectación específica).
Ahora, además, se encuentra en información pública una concesión que enmascara de forma escandalosa un trasvase de agua desde el Embalse de Tentudía -Cuenca del Guadiana- para la mina, en la Cuenca del Guadalquivir, cuando ya están siendo utilizadas las aguas de esta última cuenca, según nuestras informaciones sin autorización. En este proyecto se aprecian a primera vista carencias que de nuevo deberían de avergonzarnos. En un mísero estudio de impacto ambiental de quince páginas, ni siquiera se trata el asunto de los enormes déficits de agua de esta región, ni se analiza las variaciones estacionales de embalse en el pantano de Tentudía, ni por supuesto otros daños más graves como la posible contaminación genética o biológica entre distintas cuencas hidrográficas.
Es necesario luchar entre todos para acabar con esta política de hechos consumados contra la naturaleza que vulneran nuestros derechos fundamentales y están dañando de forma irreparable el medio ambiente extremeño y andaluz en este caso.